La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) y sus iglesias miembro prometen continuar trabajando con la gente en Colombia para lograr una paz justa.

Chris Ferguson, secretario general de la CMIR, celebró el acuerdo de paz firmado en Colombia afirmando que «es un paso significativo para la paz y para la justicia de Colombia, América Latina y el mundo entero».

El acuerdo pone fin al conflicto interno más largo en el mundo, medio siglo de conflicto entre las guerrillas de las FARC y el gobierno colombiano. Como parte del acuerdo, las FARC renunciaron a su lucha armada y buscarán sumarse al proceso político.

«La guerra terminó», declaró Humberto de la Calle, el negociador en jefe por parte del gobierno colombiano, «es momento de darle una oportunidad a la paz».

«Creo que hemos ganado la más hermosa de las batallas, la de la paz para Colombia. Termina la guerra con las armas y comienza el debate con las ideas», dijo Iván Márquez, el negociador principal por parte de las FARC.

«Las negociaciones han sido largas y difíciles, pero nos dejan ver que es posible lograr una paz justa, incluso bajo las circunstancias más desafiantes», dijo Ferguson. Antes de ser nombrado secretario general de la CMIR, Ferguson sirvió durante tres años al Programa Ecuménico de Acompañamiento, apoyando y acompañando a comunidades en Colombia que eran víctimas de la violencia.

El acuerdo aborda las causas que originaron el conflicto, así como sus consecuencias. Incluye también un programa para miles de guerrilleros de las FARC, el cual tiene como principal objetivo lograr que dejen las armas y reinsertarlos en la sociedad colombiana. El gobierno se compromete a desarrollar programas que disminuyan la enorme desigualdad que se vive en el tan olvidado sector rural del país; asimismo, se compromete a incrementar las posibilidades de participación política de movimientos políticos pequeños, incluido el partido que las FARC pudieran crear una vez desmovilizadas.

«Este tratado de paz es muy importante porque pone fin a un conflicto que ha arrastrado a Colombia a una espiral de violencia, pobreza y muerte», dijo Helis Barraza Díaz, moderador de la Iglesia Presbiteriana de Colombia y vicepresidente de la CMIR.

Desde hace mucho tiempo la Iglesia Presbiteriana de Colombia ha estado involucrada apoyando el proceso de paz, así como con la justicia social que las FARC tanto han recalcado. «La iglesia ha estado activa ayudando a comunidades y personas que han sido desplazadas, defendiendo sus derechos y brindándoles asesoría legal», dijo Barraza Díaz.

Por una beca del programa Otto per Mille de la Iglesia Valdense en Italia, la CMIR está ayudando a financiar esta constante labor, próximamente enfocándose a apoyar y verificar el proceso de paz. La Iglesia Presbiteriana de Colombia, incluidas sus congregaciones locales y sus organizaciones ecuménicas y civiles, trabajarán en las regiones más afectadas por el conflicto, verificando que los términos del tratado de paz sean realmente implementados.

«Como colombiano, le doy gracias a Dios por tener un acuerdo que sienta las bases para compensar a las víctimas y construir la paz que es fruto de la justicia, donde el horror de las guerras que hemos vivido en Colombia no se repitan jamás», dijo el Rev. Milton Mejía, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Colombia y secretario general del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).

Durante la reunión en La Habana, Cuba, en mayo, el Comité Ejecutivo de la CMIR se entrevistó con una delegación de paz de las FARC, cuyo líder, Marcos León, dijo: «Contamos con ustedes, las iglesias, para que en conjunto con nuestras comunidades podamos lograr condiciones de vida dignas».

«El acuerdo puso fin al periodo de conflicto, pero lograr que la paz perdure es cuestión de esfuerzo constante y a largo plazo, lo cual necesitará el apoyo de la comunidad internacional y del movimiento ecuménico», dijo Ferguson. «Sin justicia social no habrá paz, y el camino que lleva a la justicia en Colombia es largo».

Según Reuters, las FARC se levantaron en armas en 1964 para pelear en contra de la marcada desigualdad social y económica, de la que aún queda bastante rastro. Financiada por el tráfico de cocaína y los rescates cobrados por secuestros, el número de participantes de las FARC aumentó hasta 17,000 para fines de la década de los noventa, controlando gran parte del país. Las bandas criminales que surgieron de los grupos paramilitares de derecha, activos durante los peores periodos del conflicto, han tomado desde entonces algunas de las principales rutas para el tráfico de drogas.